Provea, junto al resto de organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público.
El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.
La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales.
Los efectivos militares están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.
En noviembre de 2005, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), participaron en el suceso conocido como la “Masacre de Keneddy”, donde perdieron la vida tres estudiantes y otros tres resultaron heridos, luego que los efectivos castrenses abrieran fuego contra el vehículo en que se trasladaban los jóvenes.
Ya advertíamos que la decisión de militarizar la seguridad ciudadana, no solo contrariaba lo preceptuado en nuestra Carta Magna, sino que además, iba a traer consigo los habituales excesos cometidos por funcionarios militares cuando estos asumen funciones para las que no han sido creados.
Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política multidimensional y democrática para revertirlo.
(Prensa Provea)
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