miércoles, 16 de octubre de 2013

En su 25 aniversario Provea advierte sobre crecientes rasgos autoritarios en la gestión gubernamental.

Ayer 15 de octubre de 2013 Provea cumplió 25 años.
Dos décadas y media dedicadas a promover y defender los derechos humanos, acompañando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, generalmente de bajos recursos económicos.
Nuestro aniversario se produce en una coyuntura muy compleja en lo económico, social y político, con algunos elementos similares a los que existían en 1988 cuando surgimos como organización.
Ratificamos nuestro compromiso de estar siempre al lado de las víctimas, sean quienes sean, pero principalmente las más humildes, cualquiera sea su identificación política y sean o no funcionarios del Estado
Creciente malestar social, amplia protesta de calle, importantes niveles de corrupción, alta inflación, deficiencias considerables en los servicios públicos, abusos constantes de policías y militares, altos niveles de impunidad, desconfianza de la población en las instituciones y deseos de eficacia en la gestión de las políticas públicas.
Desde nuestros primeros pasos hasta la fecha, muchas situaciones difíciles hemos tenido que afrontar: la masacre de El Amparo (1988), los crímenes de El Caracazo (1999), los intentos de golpe de Estado en febrero y noviembre de 1992, las desapariciones forzadas realizadas por el ejército y las policías en medio del deslave de Vargas (1999), el golpe de Estado de 2002, entre otros, atendiendo siempre a las víctimas sin ningún tipo de discriminación.
Hemos tenido momentos fructíferos de diálogo con los gobiernos e instituciones del Estado como ocurrió en los últimos años del segundo gobierno del presidente Rafael Caldera y los tres primeros años de la gestión del presidente Hugo Chávez, con quienes tuvimos reuniones.
Asimismo, participamos en importantes procesos de incidencia como la Asamblea Constituyente donde junto a otras organizaciones contribuimos en el capítulo sobre derechos humanos en la Constitución, así como a nivel parlamentario  en la ley de refugio y asilo y la ley de vivienda.
Tras haber logrado incidir para la conformación de un entramado jurídico favorable a los derechos humanos y a la vigencia de la democracia, expresamos nuestra preocupación por los crecientes rasgos autoritarios en la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo cual genera condiciones favorables para la violación de los derechos humanos y para que se diluyan más dichos avances. Estos rasgos se manifiestan entre otros aspectos en los siguientes.
-Asumir la perversa doctrina de la Seguridad Nacional donde el interés fundamental es defender al Estado y no a las personas, considerando la existencia de un enemigo interno al cual hay que derrotar y aniquilar.
Paradójicamente la misma doctrina usada por las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 para enfrentar lo que denominaron “subversión comunista”.
- Creciente proceso de militarización, tanto de la gestión pública como de las labores de seguridad ciudadana, abandonando el esfuerzo realizado desde 2006 para crear e instalar una visión democrática respetuosa de los derechos humanos en el enfrentamiento al delito.
-Instalado en el alto gobierno, como política de Estado, el discurso de la amenaza y la intimidación a las voces críticas, la disidencia interna y frente a la protesta social
Consideramos que la actitud del gobierno es equivocada.
El país afronta graves problemas que afectan la calidad de vida principalmente de los sectores populares lo cual requiere para solventarlos de diálogo y búsqueda de consensos mínimos. Apostamos a ese diálogo.
La agenda de la confrontación impide que se debatan los problemas que más interesan a nuestra población.
Por eso en este aniversario ratificamos nuestro llamado a la solución pacífica y democrática de los conflictos, a la exploración de acuerdos, al respeto a la diversidad y aprovechar la riqueza de lo diverso para el desarrollo de adecuadas políticas públicas que permitan seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, la disminución de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, así como el  fortalecimiento del sistema democrático.
Como lo hemos realizado a lo largo de estos 25 años estaremos siempre al lado de las víctimas, sean quienes sean, pero principalmente las más humildes, cualquiera sea su identificación política y sean o no funcionarios del Estado.
Seguiremos alzando la voz contra el abuso de Poder, sin dejar de insistir en la posibilidad de trabajar mancomunadamente con entes del Estado para mejorar la situación de los derechos en el país.
Seguiremos actuando con independencia y promoviendo la acción protagónica y autónoma del pueblo venezolano para la exigibilidad de sus derechos. (Fuente Provea, 15.10.2013)

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