Un pequeño paso contra la impunidad de las transnacionales

Derechos humanos 600 organizaciones sociales se reúnen en ginebra

Un pequeño paso contra la impunidad de las transnacionales

Una resolución de la ONU acerca una de las demandas históricas de los movimientos sociales: una legislación vinculante que pueda juzgar a las multinacionales. 

El 26 de junio el Consejo de Dere­chos Humanos de la ONU aprobó una resolución presentada por Ecua­dor y Sudáfrica sobre empresas y derechos humanos, en la cual decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de “elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante en derechos humanos para las corporaciones transnacionales y otras empresas”.

La lógica de la voluntariedad que ha caracterizado los mecanismos de “control” de la ONU se ha mostrado claramente ineficaz ante la violación de los derechos humanos y los crímenes ecológicos por parte de las empresas multinacionales. Por esta razón, el paso hacia una herramienta de obligado cumplimiento para estas grandes empresas ha sido considerado por Brid Brennan, miembro de la campaña “Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad”, como un respaldo “a la lucha sostenida durante años por las comunidades afectadas y los movimientos sociales”.

La semana de movilización contra “el delito corporativo” es un buen ejemplo de las denuncias, resistencias y propuestas de las organizaciones sociales frente al poder de las grandes transnacionales. Se desarrolló en la misma ciudad, Gine­bra, y durante los mismos días en los que tenía lugar la XXVI sesión del Consejo. Tenía tres objetivos: presionar al Consejo para avanzar hacia un tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos y el medioambiente; denunciar la impunidad con la que actúan estas empresas y presentar el “Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales”.

Para el primer objetivo se creó la “Alianza para el Tratado”, conformada por más de 600 organizaciones de 95 países y cuyo trabajo en la demanda de códigos vinculantes ha sido reconocido por el embajador de Ecuador en Ginebra, que afirmó: “Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”. La denuncia de la arquitectura de la impunidad, construida con tratados como el TTIP o el Acuerdo de la UE con Centro­amé­rica, Colombia y Perú, se realizó a través de un tribunal internacional de opinión.

Comunidades en resistencia

Durante la sesión del Tribunal Per­manente de los Pueblos (TPP), celebrada el 23 de junio, se escuchó a comunidades en resistencia frente a la actividad de las transnacionales en África, Asia y América Latina. Se presentaron casos contra ocho multinacionales del sector minero, petrolero y del agua. La audiencia se inspiró en la sentencia del TPP de Madrid (2010), que ya había reconocido el carácter sistemático de las vulneraciones cometidas por estas corporaciones. En Ginebra, el Tribu­nal destacó que las transnacionales provocaron daños irreparables a las comunidades, su integridad física, el medioambiente, las condiciones de vida, así como a la soberanía alimentaria, el ataque a los derechos de las mujeres, los derechos laborales y la explotación infantil.
Pablo Fajardo, líder comunitario de Ecuador, acusó a Chevron-Te­xaco por la “contaminación sistemática de la Amazonía ecuatoriana que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a muchos pueblos indígenas”. Aunque la Corte Suprema de Ecuador sancionó a la compañía, ésta no ha acatado la sentencia, por esta razón Fajardo afirmó que “hay una necesidad de un tratado vinculante con el fin de proporcionar a las comunidades afectadas mecanismos efectivos que garanticen el acceso a la justicia”.
El jurado enfatizó que las multinacionales acusadas generaban un ambiente de intimidación y violencia contra quienes defienden los derechos humanos. Y todo ello ha tenido lugar con la complicidad de los gobiernos de los países donde se localiza su sede: Suiza, EE UU, Canadá, Israel, Gran Bre­taña, Es­paña y Holanda. Final­mente, el TPP de Ginebra recomendó la adopción de un código de conducta vinculante para las multinacionales y la definición de una arquitectura institucional que asegure su aplicación a través de una corte internacional sobre transnacionales y derechos humanos y un centro internacional para el control de estas corporaciones.

Derechos vs corporaciones

La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos y, por supuesto, las recomendaciones del TPP hablan del establecimiento de un instrumento de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales en derechos humanos. Es una de las exigencias que las comunidades afectadas y movimientos sociales consideran esenciales para romper la impunidad de las grandes corporaciones. Es una propuesta colectiva para analizar el Derecho Interna­cional desde los movimientos sociales y las resistencias. Es a la vez un proyecto normativo y un proceso que recoge la experiencia acumulada en las diferentes luchas contra las transnacionales. Frente a la arquitectura de la impunidad, pretende construir una arquitectura de los derechos humanos a favor de las mayorías sociales.

Empresas acusadas de violar DD HH

Hidralia Energía. La empresa española de electricidad impuso sin consulta, con amenazas y represión una represa en Guatemala.
Coca-Cola. Amenazas de muerte, persecución judicial y complicidad en asesinatos de sindicalistas en su filial en Colombia.
Glencore-Xstrata. La minera suizo-británica fue acusada de desplazamientos, contaminación y persecución de los opositores a sus emprendimientos mineros a cielo abierto.

Cuatro ejes de responsabilidad corporativa

El Tratado tiene una dimensión jurídica que contempla cuatro ejes de responsabilidad: los Estados receptores de las multinacionales; los Estados donde se localiza la sede matriz, las instituciones internacionales económico-financieras y las transnacionales. También se establecen las instancias para hacer cumplir las normas propuestas. Estas son la extraterritorialidad, el Centro de Empresas Transnacionales y la Corte Mundial sobre Transnacionales y Derechos Humanos.

Red Ara: Sobre la PreCOP Social y el compromiso del Estado Venezolano con el Cambio Climático

Sobre la PreCOP Social y el compromiso del Estado Venezolano con el Cambio Climático

La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), manifiesta su posición sobre la iniciativa liderada por el Gobierno venezolano de convocar una reunión PreCOP Social de Cambio Climático.

Ante el grave problema que representa el cambio climático, valoramos la aparición de mecanismos que promuevan la participación activa de la sociedad civil organizada, en el proceso de discusión que llevan adelante los Estados sobre el mismo.

Consideramos que esta oportunidad debe servir para lograr un movimiento social global que apalanque los cambios necesarios en los modelos económicos, sociales y de gestión ambiental que hagan posible la construcción de sociedades sustentables.

En particular, la red ARA considera que los movimientos sociales reunidos en Margarita debemos exigir el compromiso de todos los gobiernos del mundo de implementar de manera urgente medidas dirigidas a:

1. Promover la producción y promoción de energías limpias, junto al uso responsable de combustibles fósiles.
2. Establecer procesos productivos eco-eficientes que disminuyan la generación de residuos y emisiones que generen gases de invernadero y destruyan los ecosistemas naturales.
3. Incrementar la superficie de áreas naturales protegidas y garantizar la conservación de las existentes, a la vez que se promueva el desarrollo de ciudades sustentables.
4. Disminuir de manera radical la deforestación, especialmente para el establecimiento de pastizales, potreros, explotación minera o petrolera, así como fortalecer los programas de reforestación de áreas degradadas.
5. Establecer mecanismos para revertir la cultura del consumismo, así como mejorar los procesos de gestión de residuos sólidos, promoviendo sistemas de reutilización, recuperación y reciclaje. 
6. Exigir a todos los Estados la disminución drástica de los gastos militares y utilizar esos recursos en programas dirigidos a la gestión ambiental, el desarrollo social sostenible y los programas de adaptación al cambio climático, especialmente para atender a las poblaciones más vulnerables.
7. Establecer procesos educativos y de información que promuevan la incorporación masiva de todos los grupos sociales a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por otra parte, como organización venezolana no podemos dejar de referirnos a la situación de nuestro país, y presentar una serie de opiniones y demandas que esperamos sirvan como base para promover la discusión sobre las políticas ambientales nacionales, a la vez que promueva la participación de todos en el camino de construir una sociedad sustentable.

En tal sentido:

1. Rechazamos el sesgo ideológico que se le quiere imponer a esta reunión de movimientos ambientales y sociales del mundo. Creemos que una discusión que presente los temas referidos al cambio climático global como una mera confrontación de socialismo versus capitalismo, es una re-simplificación de la compleja realidad social y política relacionada con el cambio climático, enmascara las verdaderas exigencias de un cambio de los modelos económicos basados en la explotación sin frenos de los recursos naturales y no contribuye al logro de los acuerdos necesarios que permitan establecer mecanismos de co-responsabilidad en la lucha contra el cambio climático.
2. Exigimos al Estado Venezolano que, más allá de los discursos políticos, desarrolle acciones concretas, eficientes y sostenidas para atacar las causas y efectos del cambio climático en el país. En tal sentido es, por lo menos, incoherente promover reuniones internacionales para exigir responsabilidades de los países desarrollados cuando el país sólo ha entregado la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y está en mora con todas las otras obligaciones establecidas en los Convenios Internacionales y la legislación nacional.
3. Reivindicamos el derecho constitucional a la participación de la Sociedad Civil Organizada en todos los asuntos que afectan el desarrollo del país y su gente. Creemos que un país que convoca a ONG y movimientos sociales del mundo para allanar caminos de interacción con los gobiernos, también debería tener mecanismos similares para que la sociedad civil organizada de Venezuela intervenga y contribuya en la solución de los problemas ambientales en función de su experiencia y trayectoria. Pero por el contrario, la realidad es, que lejos de promover la integración y valoración de las trayectorias y experiencias de los grupos ambientales venezolanos, ha habido una acción reiterada del gobierno nacional en contra de las ONG y sus proyectos, muchas veces dificultando e incluso impidiendo sus actividades. 
4. Exigimos que el tema ambiental sea considerado como eje prioritario para el desarrollo sustentable del país. Para ello es necesario el fortalecimiento institucional de entes claves como el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Instituto Nacional de Parques. En tal sentido, el Estado venezolano debe revertir la situación de déficit crónico en la inversión pública destinada a la gestión ambiental. Esta situación se muestra en el hecho de que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que debe administrar cerca del 40% del territorio en distintas áreas bajo régimen de administración especial, su presupuesto nunca ha superado el 1% del total nacional.

En concordancia con estas exigencias, la Red ARA y sus miembros como expresión de la sociedad civil organizada ambientalista de Venezuela, están abiertos y dispuestos a articularse y trabajar en conjunto con las instituciones del Estado Venezolano y el resto de los actores sociales del país. Asimismo, esperamos que, a partir de la iniciativa de la PreCOP Social se produzcan cambios significativos en el Estado Venezolano, que impulsen la búsqueda de la reunificación del país y el reconocimiento de que los problemas del país exigen la participación y acción de todos sus ciudadanos.
Fuente: Red Ara